Siempre hay que seguirle con detalle la pista a México y el narcotráfico, pues hoy esa enfermedad se está contagiando por todo el continente. Si bien en los 80 los reyes del negocio eran los colombianos, con Pablo Escobar, a la cabeza, hoy son los carteles mexicanos los que mandan la parada.
El narcotráfico se toma México como nunca llegó, incluso en los peores momentos, a tomarse a Colombia. Las redes criminales, el control territorial y el poder político que tienen son de tal dimensión que hoy se puede decir que hay muchos estados mexicanos -por lo menos la mitad- que son narco-estados absolutos, donde el Estado mexicano es un observador pasivo y muchas veces cómplice.
El New York Times sacó una investigación sobre el asesinato y desaparición de 43 jóvenes estudiantes en el 2014 en el estado de Guerrero que muestra el nivel de penetración y captura política y de seguridad del Estado por parte del cartel Guerreros Unidos, no propiamente uno de los carteles más grandes de ese país.
La investigación, que incluye más de 23 mil textos intercambiados entre criminales y funcionarios del Estado, muestra que la Policía y el Ejército están al servicio de los narcos. No unos pocos, no, las instituciones completas al servicio -pagadas, obviamente- de esta organización criminal. La Policía inició el secuestro y asesinato de los estudiantes que iban en los buses y luego los entregó a los narcos para que terminaran la tarea. El Ejercito encubrió a la Policía y estaba al tanto de lo que pasaba; además, quedó claro que Medicina Legal y los servicios de emergencia también están al servicio de los narcos.
Hasta hoy no hay nadie en la cárcel, pero todo se empezó a saber cuando la DEA reveló esos 23 mil textos entre narcos, militares, policías y civiles que mostró un complot con el cual casi se salen con la suya. La DEA investigaba al cartel y no entregó las pruebas precisamente porque vio la complicidad que existía y al ver un Estado al servicio de la criminalidad.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al poder en Mexico, como pasó con Gustavo Petro en Colombia, los narcos vieron la posibilidad de aumentar su poder, su captura del Estado y la rentabilidad de sus negocios. López Obrador comenzó con la política de abrazos no balazos mientras que Petro tiene una propuesta idéntica que llama paz total.
En el caso de México, el fracaso es evidente, aunque AMLO no lo acepte. Hace unos días, en su discurso anual a la Nación, AMLO sugirió que la criminalidad no era un problema y que la corrupción en las fuerzas de seguridad era apenas algunos casos individuales. El ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhan, le contestó por Twitter con unas escalofriantes cifras, las de homicidios por 100 mil habitantes en distintas ciudades de ese país. Fácil darse cuenta de que muchas de esas poblaciones van camino a convertirse en lo que era Medellín en sus días más aciagos; es más, el mismo embajador, un hombre serio ciertamente, publicó un artículo en Reforma -uno de los diarios más serios de Mexico- sobre cómo hoy las autoridades del estado de Guerrero hablan de una posible guerra civil entre organizaciones criminales.
Foto: CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO.COM (Carlos Alberto Carbajal/)
Vale la pena mirar las cifras de homicidios, que son espeluznantes: Colima, 181.9 por 100 mil habitantes; Zamora, 177.7; Cuidad Obregón, 138.2; Zacatecas, 134.6; Tijuana, 105.1; Celaya, 99.6; Uruapan, 78.3; Ciudad Juárez, 67.7 y Acapulco, 65.6. No son pequeños ni remotos pueblos son ciudades importantes de México que hoy tienen esos altísimos índices de violencia.
Colombia va para allá, con un agravante que se develó esta semana en una entrevista del hermano del presidente Petro. Juan Fernando Petro contó que ellos ganaron con votos conseguidos en zonas donde operan las organizaciones criminales que hoy hacen parte deI plan de paz total del Gobierno. “Yo te elijo y tu me proteges” parece ser el quid pro quo que se cuadró con las visitas a las cárceles que hicieron personas muy cercanas a Petro antes de las elecciones y que fue denunciado en su momento.
Colombia y México no son dos países menores. Son países con institucionalidades fuertes cuyos descuidos, en especial en materia de justicia y seguridad, los ha debilitado y ha creado las condiciones en las que se nutre la criminalidad. Colombia, después del esfuerzo del gobierno de Alvaro Uribe en esas materias, que sin duda fueron un gran éxito que la izquierda quiere a toda costa demeritar, entró en el marasmo de la paz que solo fortaleció a los criminales y debilitó y desmoralizó a las fuerzas de seguridad, que, además, son las que ponen los muertos. Hoy, con el actual gobierno, solo veremos ese camino acelerarse, pues esa izquierda, llámese AMLO, Boric, Fernández, Lula o Petro, sienten una urticaria brutal frente a los organismos de seguridad, a los que ven como enemigos de su proyecto político o como un mal necesario que debe permanecer débil.
Quienes creemos que la seguridad es un bien público absoluto e innegociable en una sociedad democrática debemos prender las alarmas, así a veces sonemos como un disco rayado, pues los delincuentes y las potencias extracontinentales utilizan esa debilidad y el temor ciudadano para crear caos en nuestro países y abrirle paso a sus negocios criminales o a esos proyectos políticos afines, como el de Petro en Colombia.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, crece y se convierte en un símbolo político en la región, de la nada. Si seguimos como vamos veremos otros Bukeles en la región, con el consabido costo para la democracia. La verdad, nadie quiere democracia si ella le cuesta la vida.
En fin, veremos qué pasa en América Latina en materia de crimen organizado e inestabilidad. Debemos seguir lo que pasa en México y en Colombia con mucho, cuidado pues son los dos tumores más agresivos de ese cáncer que, como el del marxismo en los 60, que tanto daño le hizo a la región, hoy tiene a Ecuador en cuidados intensivos.
