El gobernador, *Osvaldo Jaldo*, asistió esta mañana al primer tramo de la sesión de la Legislatura en la que se trató el nuevo Código Procesal Civil y Comercial (CPCC) de la Provincia. La votación culminará a las 15 horas, en la que se prevé la aprobación de forma unánime. El tratamiento del paquete de medidas tiene como objetivo agilizar la respuesta judicial a los ciudadanos.
La sesión especial estuvo encabezada por el presidente de la Legislatura, *Sergio Mansilla*; el vicepresidente primero, *Regino Amado*; y la vicepresidenta segunda, *Sandra Orquera*.
El proyecto del nuevo código fue impulsado en 2016, para el cual se constituyó una comisión interpoderes entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Estuvieron presentes el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva; el vocal decano, Antonio Estofán; y las vocales, Claudia Sbdar y Eleonora Rodríguez Campos.
La aprobación del proyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial para Tucumán tendrá una gran importancia institucional para los tres poderes del Estado, porque regirá las relaciones procesales del ciudadano común.
“Esto pondrá a Tucumán en la vanguardia y marcará un adelanto en el tema judicial. Hay que seguir trabajando de la misma manera conjunta, entre los tres poderes del Estado, para tener estos mismos resultados para beneficiar a quienes recurren al poder judicial y necesitan una respuesta. La justicia es justicia cuando llega en tiempo y forma; deja de ser justicia cuando llega tarde. Por eso, estas reformas tienen que ver con implantar la oralidad, dar publicidad a los trámites procesales y otorgar una participación directa de los jueces”, explicó Jaldo acerca de la modificación.
En esa línea, Jaldo sostuvo que “una vez más, se ha demostrado el trabajo conjunto de los tres poderes del Estado. Además, se ha integrado a las diferentes instituciones del medio, como el Colegio de Abogados de la Capital, el Colegio de Abogados del Sur y las tres universidades de la provincia. Tenemos una experiencia similar anterior, cuando modificamos el Código Procesal Penal, que nos permitió marcar un antes y un después en la seguridad en Tucumán. Creamos el Ministerio Pupilar y de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal, y pusimos a la justicia penal en los niveles más altos, donde Tucumán fue pionera”.
“La nueva ley posibilitará una justicia con rostro humano que permite al magistrado tiene que conocer y dialogar con las partes y dará mayor celeridad a la resolución de los juicios. Los juicios que duraban años de ejecución, con este nuevo Código, se resolverán en pocos meses. Esta norma comenzará a regir desde el 1 de octubre del 2022”, explicó, por su parte, el legislador Raúl Ferrazano.
En esa línea, el tucumano que necesite del servicio de justicia podrá ir al Poder Judicial para que de una manera eficiente, rápida y transparente tenga una sentencia justa. “Como antecedentes, desde la Legislatura destacaron que la realidad superó la normativa. Los juzgados vienen desarrollando audiencias orales y, a partir de la sanción del Código, se legitiman todos los cambios procesales de los últimos tres años”.
“El proceso es una herramienta que permite a todas las personas acceder al Poder Judicial. Entonces, por un lado, se tienen que abrir las puertas de ese poder; se tiene transitar por las reglas del debido proceso, eso significa que se tiene que escuchar a todas las partes, que se admitan con amplitud las pruebas, que se dicte un pronunciamiento en tiempo oportuno y fundado; que se dé lugar a los recursos, que se ejecute y cumpla la sentencia. Esto es lo que traduce el espíritu de esta reforma, imbuida de los principios de celeridad, economía, concentración y publicidad”, explicó la vocal de la Corte, Claudia Sbdar.
En resumen, la magistrada indicó que la reforma apunta a “la oralidad pura y plena, con una etapa escrita mínima. Viene al caso algo interesante: en 2018 pusimos a funcionar un sistema de oralidad sin reforma, y es uno de los pocos casos en el país en los que la oralidad llegó, se hace prueba y error, y esto está volcado en la ley procesal. Lo que sucede normalmente es que la ley se sanciona y luego se van haciendo ajustes”, concluyó.
